Una vivienda alquilada puede dejar de generar ingresos de un día para otro, pero no deja de producir gastos. Esta es una de las principales consecuencias de la denominada inquiokupación, una situación en la que el inquilino accede legalmente al inmueble mediante un contrato, deja de pagar la renta y permanece en él mientras el propietario trata de recuperar la vivienda.

La inquiokupación supone para el propietario un coste medio de 2.430 euros por expediente desde el primer impago del alquiler. A esta pérdida se añade una espera cercana a los 278 días para recuperar la vivienda, un periodo durante el cual el arrendador sigue asumiendo la hipoteca, el IBI, la comunidad, el mantenimiento y otros gastos asociados a un inmueble del que no puede disponer.

Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) advierte de que el debate sobre la inquiokupación suele centrarse en su denominación o en su comparación con la okupación ilegal, dejando en un segundo plano su verdadero impacto económico. Esta situación puede prolongarse hasta la recuperación efectiva del inmueble y agravarse si existen desperfectos o cantidades pendientes que no pueden cobrarse posteriormente. La devolución de las llaves no garantiza que el arrendador recupere la deuda acumulada.

"No podemos normalizar que el propietario particular actúe como financiador involuntario de un problema que no tiene capacidad para resolver. La protección social corresponde a las administraciones, no puede sostenerse a costa de suspender durante meses los ingresos de una familia. Cuando el sistema tarda en responder, el mercado termina protegiéndose por su cuenta y quienes pagan las consecuencias son también los inquilinos solventes", señala Pedro Bretón, CEO de SEAG.

La entidad subraya que la inquiokupación y la okupación ilegal son fenómenos diferentes y requieren respuestas distintas. La falta de una respuesta suficientemente rápida no afecta únicamente a quienes sufren un impago. También incrementa la percepción de riesgo entre los propietarios y puede provocar una mayor exigencia de garantías, procesos de selección más restrictivos o la retirada de viviendas del mercado.

La compañía reclama a la Administración abordar el problema de la inquiokupación desde una perspectiva jurídica y económica específica, mediante procedimientos más ágiles, medidas públicas de atención a las familias vulnerables y mecanismos que eviten trasladar al propietario particular el coste de una situación que no puede resolver. "Proteger al arrendador frente al impago y atender adecuadamente la vulnerabilidad social deben ser respuestas complementarias, no responsabilidades que recaigan sobre una sola de las partes", asegura Bretón.