Escuelas Infantiles Unidas (EIU) exige al Gobierno de España que detenga la tramitación de la modificación del Real Decreto 132/2010 hasta que se siente con las organizaciones que representan a las escuelas infantiles y explique, con cifras y compromisos presupuestarios, cómo piensa financiarla. La asociación considera inadmisible que una medida de este alcance se anuncie como un gran logro político sin resolver antes quién asumirá sus consecuencias económicas.

EIU no se opone a mejorar las ratios ni a reforzar las condiciones laborales de las profesionales. Se opone a que el Gobierno convierta una aspiración compartida por el sector en una obligación cuyo coste recaiga sobre quienes prestan el servicio. La reducción de ratios no puede pagarse con cierres, menos plazas o cuotas inasumibles para las familias.

"No se puede legislar por decreto y pretender que sean las escuelas infantiles quienes paguen las consecuencias. Si el Gobierno quiere mejores ratios, que ponga encima de la mesa la memoria económica y el dinero necesario. Lo demás es trasladar el problema a otros", señala Maribel Uncala, presidenta de EIU.

No hablamos de guarderías: hablamos de educación y de igualdad de oportunidades

EIU recuerda que la Educación Infantil de 0 a 3 años es una etapa educativa con valor propio. Las escuelas acompañan el desarrollo emocional, social, cognitivo y lingüístico de los niños y niñas, detectan necesidades y contribuyen a reducir desigualdades desde los primeros años. No son simples espacios de custodia para que las familias puedan trabajar.

Si la reforma reduce la oferta de plazas o encarece el acceso, las consecuencias no se repartirán por igual. Las familias con más recursos podrán buscar alternativas; las que disponen de menos margen económico serán las primeras en quedarse fuera. Una política presentada como mejora de la calidad puede acabar debilitando el acceso a la educación infantil precisamente de quienes más la necesitan.

"La igualdad de oportunidades no empieza a los tres años. ¿De qué sirve anunciar una educación infantil mejor si después hay familias que no pueden pagarla o directamente no encuentran plaza?", pregunta Uncala.

El informe de FENACEIN pone cifras al problema que el Gobierno no ha resuelto

El borrador ministerial de 13 de septiembre establece relaciones máximas de cuatro niños y niñas por profesional entre 0 y 1 año, seis entre 1 y 2 y ocho entre 2 y 3. Se trata de ratios por profesional, no de un límite automático de alumnado por aula. La aplicación prevista comenzaría en el curso 2027-2028 y culminaría en 2029-2030. El texto incorpora, además, requisitos sobre espacios e instalaciones que pueden exigir nuevas inversiones.

La Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), de la que forma parte EIU, ha elaborado un informe que pone cifras al problema. En un escenario de dos profesionales por aula, planteado como hipótesis y no como una obligación aprobada, un centro privado tipo de tres aulas afrontaría un impacto económico anual estimado de entre 105.288 y 110.271 euros, al sumar mayores costes laborales, menores ingresos potenciales y necesidades de horario ampliado.

En ese ejemplo, calculado con referencias de la Comunidad de Madrid, la capacidad pasaría de 42 a 36 plazas, un 14,3 % menos. El informe estima una repercusión matemática de 266 euros mensuales por plaza restante sin financiación compensatoria. No es una propuesta de subida de cuotas ni una previsión extrapolable directamente a Andalucía, pero sí permite hacerse una idea de la magnitud del problema al que podría enfrentarse el sector. Los cálculos tampoco incluyen futuras mejoras salariales ni todos los posibles gastos de adaptación.

EIU reclama que el Ministerio presente una memoria económica completa y una financiación finalista que impida trasladar el coste a las familias. Sin esa respuesta, hablar de calidad sin hablar de viabilidad es esconder una parte esencial de la reforma.

El Gobierno no puede mirar hacia otro lado

La Educación Infantil es un sector profundamente feminizado. Detrás de las escuelas hay educadoras, directoras, trabajadoras y muchas pequeñas empresarias y autónomas. Poner en peligro la viabilidad de los centros es poner en riesgo empleo femenino. Y reducir plazas o elevar cuotas puede dificultar la incorporación y permanencia en el mercado laboral de miles de madres.

"Resulta difícil entender que un Gobierno impulse una reforma sin garantizar que no perjudicará precisamente a las mujeres. La igualdad necesita presupuesto, no solo discursos", sostiene Uncala.

La gratuidad andaluza no se sostiene con escuelas cerradas

Andalucía dispone de un modelo de colaboración entre Administración y escuelas infantiles que comenzó a desarrollarse bajo gobiernos autonómicos del PSOE y continuó con el actual Gobierno andaluz. La ampliación de la gratuidad de la atención socioeducativa ha supuesto un avance para numerosas familias. Pero necesita centros viables, plazas disponibles y financiación ajustada al coste real del servicio.

EIU advierte de que imponer desde Madrid nuevas obligaciones sin aportar recursos suficientes a la comunidad puede dejar a muchas familias sin escuela infantil donde llevar a sus hijos. La gratuidad lograda en Andalucía sería un retroceso si el coste vuelve a recaer sobre las familias o desaparecen plazas.

Milagros Tolón y María Jesús Montero deben reunirse con todas las partes

La asociación pide a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que reciba de manera urgente a los representantes de las escuelas infantiles y concrete cuánto costará la reforma, quién la pagará y qué medidas evitarán el cierre de centros y la pérdida de plazas. Escuelas Infantiles Unidas considera especialmente grave que una decisión con consecuencias tan profundas para la educación y el empleo se convierta en una carrera ,antes de garantizar su viabilidad.

EIU pide también a la , secretaria general del PSOE de Andalucía, para que aclare si respalda una reforma estatal sin financiación suficiente para preservar la red de escuelas infantiles de Andalucía. Le pide que explique a las familias cómo se protegerá un modelo de colaboración público-privada nacido bajo gobiernos socialistas y ampliado y mejorado después.

"La infancia no es un argumento electoral. Si quieren mejorar la educación infantil, que escuchen a quienes conocen las aulas, que hagan las cuentas y que garanticen los recursos. Aprobar un decreto sin financiación es trasladar el problema a otros ", afirma Uncala.

La participación formal no sustituye al diálogo con quienes sostienen el servicio

El borrador alude a trámites de consulta y audiencia. EIU no discute que existan procedimientos administrativos, sino que reclama interlocución real y negociación técnica con las entidades que representan a los centros. FENACEIN solicitó ya en junio su incorporación a una mesa estatal de diálogo y ha presentado propuestas concretas de financiación, transición, evaluación territorial y protección de la oferta de plazas.

EIU exige una reunión urgente con el Ministerio, una memoria económica pública y rigurosa, financiación específica para las nuevas exigencias, un calendario realista y garantías para las familias, las trabajadoras y la continuidad de los centros. El Gobierno todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Lo que no puede exigir es que otros asuman, sin recursos, el coste de su anuncio.

Base documental: borrador ministerial de 13/09/2026; comunicado de FENACEIN de 29/06/2026; documento de posición e impacto económico de FENACEIN (septiembre de 2026). Las estimaciones citadas corresponden a escenarios de estudio, no a cierres ni pérdidas ya producidos.

Asociación Patronal Escuelas Infantiles Unidas.

Asociación fundadora de FENACEIN ( Federación Nacional de centros de educación Infantil)

Presidenta Mª Isabel Uncala Fuentes

Teléfono de contacto 660491717