El Parlamento Europeo encargó un estudio sobre cómo afecta a la pesca el nuevo marco financiero 2028-2034, y el resultado es un aviso a la propia Comisión que ha hecho la propuesta: las trabas a la renovación de la flota no se retiran, se sustituyen por otras que todavía no existen. Ese fue el punto de partida de la mesa central de la X Jornada de Opromar, celebrada ayer en Madrid, en la que se sentaron juntas las dos caras de la negociación europea.

Por un lado, Léna Brisset Doyle, responsable de políticas en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG MARE), expuso el texto que la propia Comisión adoptó en julio de 2025. Por otro, Pavel Salz, de ProSea Marine Education Foundation y autor del estudio que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo encargó sobre ese mismo texto, señaló sus riesgos. Completó la mesa Manuel Pablos López, subdirector general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales de la Secretaría General de Pesca.

Una propuesta que reduce el fondo a un tercio, todavía en negociación

El FEMPA actual reparte 6.108 millones de euros entre los Estados miembros para 2021-2027. España sola recibe 1.120, más de la mitad de lo que tendría garantizado el conjunto de la Unión con la propuesta que Brisset Doyle presentó en la jornada: un mínimo de 2.000 millones para pesca y acuicultura durante siete años, dentro de un fondo único de 865.000 millones que también cubre cohesión, agricultura y seguridad, adoptado por la Comisión el 16 de julio de 2025.

Es un punto de partida, no un texto cerrado: el Parlamento Europeo ha fijado su posición en 7.290 millones y el Consejo se movió en junio hacia 4.000. Las tres instituciones tienen que pactar la cifra final antes de que el marco entre en vigor.

Una regla conocida, sustituida por un criterio sin definir

Hoy, las ayudas a la flota se rigen por condiciones numéricas: sustitución de motores, arqueo, paralizaciones y el límite de 24 metros de eslora que el sector pide que se levante. En la propuesta que defendió Brisset Doyle, esas condiciones detalladas desaparecen: donde hoy hay un tope del 15 % y reglas concretas para medidas de flota, pasaría a bastar con cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) y ser compatible con la Política Pesquera Común y la Organización Mundial del Comercio.

Salz señaló el riesgo que eso implica si el texto se aprueba así: una regla escrita se sustituiría por un principio cuya aplicación, dice su estudio, es "unclear", con directrices que no estarán listas hasta finales de 2026 y que no serán jurídicamente vinculantes. Nadie puede decir hoy si comprar un motor nuevo para un barco de más de 24 metros sería más fácil o más difícil con ese cambio.

El estudio revisa también el Fondo Europeo de Competitividad, dotado con 590.000 millones en la propuesta actual. La pesca aparece citada una sola vez en todo su reglamento. La modernización energética de los buques encajaría en la ventana de transición limpia, pero el propio informe advierte de que para descarbonizar un pesquero no existe todavía tecnología disponible en el mercado.

Lo que pide el estudio para la negociación

Salz recomendó trasladar el apoyo a la modernización de la flota del Fondo de Competitividad al fondo nacional, donde sí habría asignación garantizada para pesca; blindar presupuesto para control y datos, hoy protegido por un suelo del 15 % que la propuesta elimina; y fijar una intensidad máxima de ayuda común, porque el texto actual no pone techo y dejaría que cada país decidiera el suyo.

Y fue tajante en el cierre de su intervención: si la negociación no cambia el equilibrio, la visibilidad de la pesca en el próximo presupuesto será proporcional a su peso económico, un 0,06 % del PIB de la Unión, así que una asignación sustancial desde el Fondo de Competitividad es "most unlikely".

Dentro del FEMPA vigente hasta 2027, el límite de 24 metros sigue en vigor: la partida para modernizar motores solo había pagado el 2,31 % a 14 de septiembre, con 24 proyectos en toda España, el porcentaje más bajo del programa. Preguntada por esa contradicción, Olivia Ponte Casas, jefa de área de la Secretaría General de Pesca, confirmó que el límite es "uno de los requerimientos que se está intentando negociar" con la Comisión. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, lo había anticipado al hablar de "remover obstáculos que hoy en día no nos permiten avanzar adecuadamente en la renovación de la flota".

Sin motor nuevo no hay quien se enrole

Pedro Zorrero, presidente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadrabas, lo resumió así: "Modernizar un 600, por mucho bluetooth que le pongas y por mucho V12 que le pongas, al final es un 600". En una carcasa de hace treinta años no caben las condiciones de trabajo que exige la normativa ni entran los jóvenes, que cada vez eligen más quedarse en tierra.

Zorrero planteó también el otro cambio de fondo: las cuotas no van a crecer, los precios llevan años planos y los costes suben, así que la única salida es que cada kilo valga más.

Francisco Fernández Crujeiras, técnico de Opromar, lo cerró con los datos de la flota: unidades en mínimos históricos, rentabilidad en mínimos, edad media superior a los 30 años. "Lo que se negocie durante este año va a marcar si dentro de diez años este salón está vacío o está casi lleno como está ahora".

Que llegue, y que llegue a tiempo

Juan Carlos Martín Fragueiro, director-gerente de Opromar, abrió la jornada con la advertencia que resume todo el día: "Si no conseguimos que nuestros jóvenes vean en la pesca una profesión con futuro, estaremos poniendo en riesgo la continuidad de nuestra actividad". Reclamó una financiación "suficiente, estable, previsible" y avisó de que "no basta con que existan recursos: es necesario que lleguen al sector, que lleguen a tiempo y que los procedimientos sean ágiles".