El sindicato policial JUPOL ha denunciado públicamente una situación que afecta a numerosos agentes de la Policía Nacional destinados en Cataluña y que han participado en el último Concurso General de Méritos. Según la organización sindical, los funcionarios que deben formalizar su cese el próximo 23 de junio estarán obligados a acudir presencialmente a sus plantillas de origen para firmar un documento administrativo, una exigencia que consideran innecesaria, arbitraria y contraria al sentido común.

El portavoz nacional de JUPOL, Ibón Domínguez, ha criticado que en pleno año 2026 se mantenga un procedimiento presencial para un trámite que podría realizarse fácilmente por medios telemáticos o mediante alternativas ya utilizadas anteriormente por la propia Administración.

Según explica el sindicato, muchos de los agentes afectados ya tienen concedidas vacaciones, asuntos propios o compensaciones horarias y se encuentran fuera de sus destinos de origen. La obligación de regresar únicamente para firmar un documento supondrá para algunos desplazamientos de cientos de kilómetros, con el consiguiente coste económico que deberán asumir de su propio bolsillo.

Desde JUPOL Cataluña recuerdan que el pasado 3 de junio presentaron un escrito formal ante la Jefatura Superior solicitando la aplicación de un procedimiento alternativo que ya fue utilizado en concursos anteriores. Dicho sistema permitiría formalizar el cese en la nueva plantilla de destino y remitir posteriormente la documentación a la plantilla de origen, evitando así desplazamientos innecesarios y garantizando la igualdad de trato entre los funcionarios.

Sin embargo, el sindicato asegura que, hasta el momento, la Jefatura ha decidido mantener la obligatoriedad de la firma presencial y no ha facilitado una solución que evite estos perjuicios a los agentes afectados. Una decisión que, según denuncian, genera incertidumbre entre los policías y provoca gastos económicos y problemas personales completamente evitables.

JUPOL sostiene que la normativa vigente ampara la posibilidad de realizar el trámite mediante procedimientos alternativos y ha anunciado que continuará presentando alegaciones y realizando gestiones para intentar revertir la situación antes de la fecha prevista para los ceses.

"Muchos compañeros van a tener que gastar dinero de su bolsillo para firmar un simple papel", ha lamentado Domínguez, quien considera que la medida carece de justificación en una administración que dispone de medios suficientes para gestionar este tipo de trámites de forma digital.

El sindicato ha puesto además sus servicios a disposición de los agentes afectados y ha asegurado que seguirá defendiendo un criterio que permita compatibilizar los derechos de los funcionarios con una gestión administrativa más eficiente y adaptada a la realidad actual.

Fuente: GIRONANOTICIES.COM