Existen muchos mecanismos establecidos en la Ley de extranjería española, así como en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que apoyan a los emprendedores y su internacionalización y que permiten que extranjeros de terceros países vengan de manera legal a España, ya sea como estudiantes, como inversores,  como profesionales altamente cualificados o incluso como nómadas digitales.

Además, también prevé la regularización de ciudadanos de terceros países para que obtengan su residencia gracias a un contrato de trabajo, lo que se conoce como la figura del arraigo.

Tal como explican desde Zohar Abogados, una vez se cumplen estos requisitos establecidos por las distintas normativas, es necesario formalizar dicha solicitud de residencia ante la Oficina de Extranjeros de la provincia de residencia.

“Este proceso debería ser, legalmente, resuelto en un periodo de entre uno y tres meses. Pero no es real. En el despacho nos encontramos con clientes que llevan más de 8 meses esperando respuesta a su solicitud, porque solo con esa respuesta favorable podrían obtener una tarjeta de residencia física o NIE” explica Hanna Zohar.

Si esto ya es complicado, la respuesta positiva trae consigo otro problema añadido: conseguir una cita en una Comisaría de Policía.

“Desde nuestro despacho ya hemos expuesto la situación ante el Colegio de Abogados de Barcelona, así como ante el Defensor del Pueblo ya que podemos pasar las 24 horas del día buscando cita, pero el mensaje siempre es el mismo “En este momento, no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”. Como nosotros, la mayoría de bufetes. Estamos preocupados ante esta situación que arrojan situaciones tan desgarradoras como el caso de una apátrida que lleva 25 años viviendo en nuestro país” explican.

Se trata del caso de una mujer nacida en Gysel, dentro de la antigua URSS que, al disolverse en el año 1991, quedó en un limbo legal. No la reconocían como ciudadana rusa, pero tampoco ucraniana. Esto la dejó en una situación de apatridia. Huyó a Polonia y, desde allí, llegó a España por vía terrestre, donde fue acogida en Barcelona en un centro para refugiados.

Años más tarde, la Generalitat de Catalunya le reconoce un grado de discapacidad del 67% y logra obtener un permiso de residencia en España, pero no la nacionalidad. Esto conlleva que, al no disponer de un pasaporte que la identifique, debe obtener de forma anual la cédula de inscripción, un proceso costoso que no puede asumir por su situación de extrema vulnerabilidad y que es imprescindible para renovar su residencia.

“Vive aislada en una habitación en condiciones inhumanas y sabe que pronto será desahuciada, puesto que los propietarios de la vivienda, necesitan esa habitación para otro familiar. Desde este despacho hemos enviado decenas de escritos dirigidos a diferentes Instituciones, entre ellos, el Ministerio de Justicia, Área de Nacionalidad y Estado Civil, quien se ocupa de tramitar las solicitudes de nacionalidad española, así como ante la Secretaría General de de Protección Internacional, que es el órgano encargado del reconocimiento de la apatrídia, pero ninguna de estas instituciones nos han dado algún tipo de respuesta, tras largos meses de espera y a sabiendas de que El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el Derecho que tiene toda Persona a poseer una Nacionalidad” cuentan desde el despacho.