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La defensa de Kokorev solicita al Juzgado la suspensión de las medidas cautelares, tanto de la prisión provisional como el archivo de la causa al no confluir "conductas de delito alguno"
Fiscalía General de la República de Guinea Ecuatorial certifica que el Gobierno de Teodoro Obiang liquidó pagos oficiales a Vladimir Kokorev, empresario ruso afincando en Las Palmas, en concepto de operaciones logísticas de suministros en transporte aéreo y marítimo, durante los años 1999 y 2003. Por vez primera desde la apertura judicial en 2008 de un presunto caso de blanqueo de capitales, la Fiscalía de Malabo se pronuncia a petición de los abogados de Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su hijo Igor (letrado de profesión), que permanecen desde hace siete meses en una prisión de Gran Canaria. El sumario lo instruye la magistrada Ana De Vega, titular de Instrucción Número 5 de Las Palmas, que decretó en 2013 el secreto de las investigaciones. En el escrito remitido al Juzgado a comienzos de este mes por el abogado de la defensa, José Choclán, y al que ha accedido Meridian, se incorporan copias de las cartas de pago oficiales del Tesoro de Guinea Ecuatorial a la empresa Kalunga Company a través de una cuenta aperturada en el Banco Santander de la calle Franchy Roca, en Las Palmas.
La Fiscalía General de Malabo, con fecha 12 de febrero de 2016, informa que "la República de Guinea Ecuatorial mantuvo relaciones comerciales con Kalunga (...), por suministro de determinados bienes 
de transporte, como venta de embarcaciones de transporte marítimo y otros materiales".
El Ministerio Público del país africano confirma que "todos los pagos fueron efectuados por el Estado", por "gestiones y ventas de diferentes productos, y trabajos de transporte marítimo y terrestre". Kalunga facturó más de 20 millones de euros al Gobierno guineano.
Suspensión de medidas cautelares
La defensa de Kokorev solicita al Juzgado la suspensión de las medidas cautelares, tanto de la prisión provisional como el archivo de la causa al no confluir "conductas de delito alguno".
El caso arranca en 2008, con una denuncia de la Asociación ProDerechos Humanos
(disponible en la web del filántropo y millonario George Soros) ante la Audiencia Nacional por posibles delitos contra la corrupción y blanqueo de capitales en Guinea Ecuatorial.
El juez Baltasar Garzón remitió la querella a Las Palmas, por ser la ciudad donde se residenciaron transferencias desde el Banco Riggs de Estados Unidos (ya extinto) al Banco Santander.
Estas operaciones financieras, que salieron a relucir en 2003 durante las pesquisas del Senado norteamericano por los atentados del 11-S, son el resultado de los pagos de Petróleos de Guinea (titular de la cuenta del Riggs) a Kalunga Company (titular del Santander) por los servicios prestados al Gobierno guineano.
En 2005, el fiscal anticorrupción en Las Palmas, Luis del Río, toma declaración a Vladimir Kokorev a instancias del Banco de España (Sepblac). El empresario niega entonces cualquier irregularidad. José Choclán alega en su escrito que las operaciones de Kalunga con la Administración de Malabo son "inocuas" y, por tanto, "atípicas desde un punto de vista del blanqueo de capitales".
El letrado aduce que el Senado de Estados Unidos partió de un "error importante", pues Kalunga "no era una sociedad de Guinea, sino de Panamá", de manera que "ni el señor Obiang ni sus familiares participan directa ni indirectamente en la propiedad de Kalunga".
Choclán abunda en que el detonante de la querella de ProDerechos Humanos fue observar que Kalunga podía pertenecer al presidente guineano, en el poder desde hace 36 años.
Sospecha errática
El Senado de EEUU reclamó al Banco Santander conocer los titulares de Kalunga, pero la entidad de los Botín se negó por tratarse de una española. "Se alimentó la sospecha de que se trataba de una empresa de Teodoro Obiang", sostiene José Choclán. "De haberse facilitado la información, nada (del procedimiento) hubiera tenido lugar".
La defensa sostiene que "no existen indicios de delito", sólo "la constatación de transferencias a Kalunga como empresa del sector naviero en África".
La jueza instructora de Las Palmas cree lo contrario e insiste en el presunto delito de blanqueo de capitales.
En la demanda de extradición (Kokorev fue trasladado a Canarias desde Panamá en 2015), Ana Isabel de Vega apunta a la familia Kokorev, "como administradores o apoderados de distintas empresas, utilizadas como pantallas para distribuir las cantidades de dinero procedentes de la cuenta Petróleo de Guinea Ecuatorial, en el Banco Riggs".
El Juzgado alerta de la creación de "un entramado de sociedades" para adquirir bienes inmuebles en España, "desviándose fondos para múltiples destinos".
Choclán discrepa del criterio judicial señalando, en su solicitud de alzamiento de prisión provisional, que la comisión de blanqueo solo es posible si, en paralelo, confluye otro delito de malversación de caudales "a fin de ocultar la cantidad sustraída". "La víctima de dicha malversación sería la República de Guinea, a quien no nos consta que se le haya realizado un ofrecimiento de acciones, ya que se le impidió su personación en la causa en 2009".