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El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo con el que dan por "resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada" en torno a la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía, con el que se evita que el Ejecutivo central interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por un artículo de dicha normativa.
